PROPUESTA DE COPARMEX PARA AUMENTAR LOS INGRESOS A LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO

Antecedentes:

1. De acuerdo a Concanaco la evasión fiscal del comercio informal durante el año 2001, ascendió a más de 73 mil millones de pesos. Esto sin considerar lo que se comercializa a través de mercancía robada, contrabando, la piratería y la delincuencia organizada.
2. En otro estudio hecho por este mismo organismo, se encontró que durante el 2001 se contabilizaron un millón 429 mil 195 puestos informales y durante el primer trimestre del 2002 el número de puestos alcanzó el millón 623 mil 325.
3. La OIT ha reportado periodos en nuestro país donde cerca de 50% de la PEA se encuentra actualmente empleada en el sector informal.
4. Quienes interactuamos con las personas que operan en la economía informal sabemos que no todas ellas son desdichadas o explotadas. Existen millonarios que proceden de esta economía que comercializan al mayoreo productos falsos o piratas a través de subempleados en tianguis, mercados públicos y en la vía pública.
5. Cuando la mercancía llega a la vía pública, al consumidor final es casi siempre demasiado tarde. Por ello un esfuerzo más profundo de fiscalización y prevención en los controles de las aduanas del país es imprescindible para disminuir este sistema de evasión de impuestos.
6. El perjuicio al comercio establecido es muy alto, como también a los consumidores, que compran, atraídos por un espejismo en los precios, productos de dudoso origen, sin ninguna garantía y muchas veces elaborados con materiales prohibidos y hasta dañinos para la salud. Hablamos desde tala de árboles, hasta armas, drogas, licores y perfumes adulterados, y la comercialización de materiales peligrosos para niños.
7. El contrabando, venta de artículos robados, y productos piratas son en conjunto un problema nacional grave en ascenso; muchos sectores industriales y comerciales la padecen y se ven obligados a reducir los empleos. Como ejemplo se pueden citar a las industrias del calzado, vestido, software, música, películas, juguetes, bebidas alcohólicas, interruptores eléctricos, partes y piezas automotrices, editorial, etc.
8. Estas industrias han estado combatiendo este mal, erogando grandes cantidades de dinero sin lograr grandes resultados positivos. Lo que se traduce en un centro de costo, los gastos millonarios que se originan no son parte de los objetivos de las empresas ni de sus operaciones, además les representa una perdida en sus ventas y una disminución de imagen en sus productos o servicios, así como en cancelación de inversiones en el desarrollo de nuevas tecnologías y productos. Es decir estamos condenando a nuestros hijos a menos oportunidades de un empleo digno y a un puesto en la vía pública. Hace 20 años sería impensable encontrar abogados empleados en taxis, tal y como ahora lo es el pensar que un arquitecto venda discos piratas en un tianguis.
9. Debido a los problemas burocráticos, económicos y dificultades para la aplicación de la ley, los esfuerzos de anti-piratería, realizados conjuntamente (autoridades-industriales) se han centrado principalmente en las tres grandes áreas metropolitanas del país (Monterrey, Guadalajara y D.F.), expulsando parte del problema al resto del país. La mayoría de los puestos del pasado tianguis del 5 de enero eran personas de Tepito, Iztapalapa y Ciudad Neza.
10. no obstante que las autoridades han establecido programas, convenios y acciones concretas, cifras espectaculares de aseguramiento de productos falsos, los resultados son insignificantes si los comparamos con la dimensión del problema.
11. El insuficiente control aduanero, así como la deficiente aplicación de la legislación en materia de comercio interior y exterior, provoca resultados desalentadores para las generaciones más jóvenes.
12. Las personas que se dedican a fabricar, importar de forma desleal, triangulada aparente y el contrabando documentado y productos falsos, no contribuyen en nada al crecimiento de nuestro país, al contrario, desmotivan la creación e inversión en nuestro país, no habrá suficientes empleos y atentarán contra la seguridad nacional.
13. Los daños que causa la piratería no solo afectan a las grandes industrias transnacionales, también causan daños graves al gobierno y a la sociedad en general como:

a)     Pérdida de los impuestos federales tanto de IVA como de ISR que deja de percibir el gobierno federal.

b)     No se generan empleos formales. En los empleos formales se pagan las cuotas correspondientes a seguridad social y salud, se pagan sueldos adecuados, hay capacitación y entrenamiento de los empleados.

c)      Los productos falsos no cuentan con garantías para los consumidores.

d)     La Piratería genera más piratería.

e)     Genera mas comercio informal, y por ende invasión de las vías públicas y los problemas adicionales que esto conlleva.

f)        Financiamiento del crimen organizado, poniendo en riesgo la seguridad nacional.

g)     Pérdida y estancamiento del desarrollo cultural del país.

Propuestas:

Crear un plan de acción a corto, mediano y largo plazo, donde las autoridades, instituciones educativas y los organismos empresariales de manera conjunta generen las modificaciones a las leyes y apliquen las vigentes. El Consejo Estatal para el Diálogo de los Sectores Productivos es un buen conducto. Dicho plan, necesario para trabajar de forma ordenada tendrá que implementar las siguientes líneas de acción:

1. Considerar al problema expuesto como asunto de Seguridad Nacional.
2. Distinguir operativamente entre el comercio informal por:

¨      Sobrevivencia. Donde están los individuos que se ven arrastrados hacia la informalidad ante la inexistencia de oportunidades viables en el mercado laboral;

¨      Ingreso complementario. Que son los informales que complementan su débil ingreso formal con otro informal; y

¨      Cálculo racional. En este grupo están los actores económicos que toman la decisión de operar en la informalidad, debido a que ello les permite eludir los excesivos costos de operación que impone el marco institucional, y maximizar la rentabilidad de su actividad económica.

3. Ocuparnos de las necesidades de quienes son explotados en esa economía ilegal, velando por no dejarlos sin posibilidades de supervivencia digna, privándolos de toda forma de obtener algún ingreso.
4. Publicar un manifiesto o declaración de principios contra la economía ilegal para desalentar que comerciantes informales de otros lugares se establezcan y han más poderoso este esquema de comercialización.
5. Que se reconozca un líder responsable del combate a la piratería y no varias autoridades como se tiene actualmente.
6. Fomentar que la reforma fiscal termine con un régimen tan complicado como el actual que inhibe y les da fuerza a los líderes que defienden la informalidad e ilegalidad. Simplificación que generará mejores oportunidades de ingreso a quienes atienden en la actualidad los puestos en la vía pública.
7. Que la Presidencia Municipal convoque una junta de trabajo donde participe CEDECO, PROFECO, CANACO, el IMPI y las Universidades interesadas en este tema para implementar campañas que paulatinamente cambien los hábitos de consumo de la población, exponiendo la correlación que existe con la generación de empleos para los que estamos mandando a nuestros hijos a la escuela.
8. Establecer con las autoridades educativas las bases para crear los planes de estudio necesarios para crear una nueva cultura de la legalidad entre la población joven, destacando el respeto y protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial.
9. Cursos de capacitación en esta materia y en derechos humanos a los Ministerios Públicos, locales y federales, el contrabando y en sí toda la economía ilegal.
10. Sensibilizar al poder ejecutivo, judicial y legislativo de los problemas y daños que causa la piratería, el contrabando y en sí toda la economía ilegal.
11. Que haya un programa constante por parte del gobierno para combatir la instalación de puestos de mercancía pirata y no solo reactivo como actualmente se tiene, ya que se hayan instalado.
12. Que las autoridades administrativas y judiciales cuando resuelvan la comisión de los delitos o infracciones administrativas, también cuenten con la facultad de cuantificar y condenar a los infractores al pago de daños y perjuicios.
13. Establecimiento de medidas tecnológicas de protección contra falsificaciones y sanción.
14. Que todos estos delitos se persigan de oficio.
15. Revisar el marco de imposición de penas en contra de los falsificadores, pues éstas deben ser ejemplares. El daño que genera la falsificación de productos es tan dañino a los gobiernos como la falsificación de papel moneda.
16. En las zonas fronterizas reforzar mediante mejores procesos de control que las Aduanas detecten la importación de productos falsos y que detengan el ingreso.
17. Redefinir el sistema de multas, actualizaciones, recargos y cobro para los delitos de contrabando y piratería, aplicando la normativa fiscal aún en la vía pública.
18. Modernizar el sistema para destrucción y donación de mercadería decomisada que beneficiando a guarderías, escuelas, institutos geriátricos e instituciones de beneficencia.
19. Mejorar las condiciones de mercado local a través de una modernización del esquema de compras gubernamentales. Existe ya una ley federal que lo promueve pues el promedio de vida de un micro empresa es poco más de 2 años, que es menos que un puesto ilegal de ambulantes. Al menos los primeros 12 meses de funcionamiento el microempresario legal debe de gozar de condiciones más competitivas que el informal.
20. Reducción del IVA en todo el material cultural como los discos fonográficos y videos, equiparándolos con los demás bienes culturales como los libros.

El Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC) pública lo siguiente sobre la economía ilegal.

Las causas de la informalidad pueden dividirse en:

Estructurales. Son aquellas que derivan del funcionamiento y dinámica de los mercados laborales, del desempeño general de la economía y de los rasgos característicos que puedan asumir las políticas de desarrollo. Adicionalmente, están también los enormes rezagos sociales y económicos que exhibe el país, a los que no ha sido posible remontar en las últimas dos décadas y media, y que imponen límites absolutos a la capacidad de crecimiento económico, de absorción de la fuerza marginada, y de correspondencia en los compromisos supuestos entre empleadores y trabajadores, entre sociedad y gobierno.

Institucionales. Son reglas y procedimientos excesivamente rígidos y costosos que obligan a los actores económicos frente al gobierno en el entendido de que, a su vez, el gobierno les garantizará seguridad laboral y servicios públicos básicos, saludo y educación. Los numerosos trámites, pagos y reglas resultan invariablemente costosos si no garantizan al trabajador la seguridad laboral y las prestaciones que en principio los justifican. El efecto disruptor de una gran parte de esas regulaciones obedece no únicamente a elaboraciones legales deficientemente substanciales, sino también a la rigidez de acuerdos políticos incompatibles con la dinámica económica actual.

La dinámica económica óptima y en la que se inhibiría la proliferación de la informalidad es:

El gobierno tiene el reto de articular la base:

Social: nutrición, salud y educación,

Jurídica: el marco legal y las instituciones de administración pública,

Regulatoria y de infraestructura: En términos de los mecanismos gubernamentales de vigilancia y contrapeso a los privados, en la que sea posible para la inversión privada prosperar y mantener  tasas elevadas de crecimiento económico.