Ponencia presentada por: C.P.C. JOSÉ LUIS GALLEGOS BARRAZA

I INTRODUCCIÓN

1. El ser humano tiene la necesidad, obligación y al mismo tiempo el derecho de, entre otros aspectos: a) satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia, b) vivir armónicamente, con equidad y justicia en colectividad, c) tener oportunidades de crecimiento y desarrollo en los ámbitos personal, económico, educativo, intelectual, etc., d) convivir armónicamente con la naturaleza, e) preservar la naturaleza y demás medios de subsistencia para asegurar lo mas posible la vida de las generaciones futuras, f) etc.

2. Derivado de las implicaciones que representa lograr lo anterior, así como en virtud de la propia naturaleza humana, del dinamismo y vertiginosos cambios que experimentamos en la actualidad, es necesario adecuar y actualizar los esquemas, marcos normativos y líneas de actuación de la vida diaria.

Bajo esta tesitura, como una necesidad y un reto que debemos enfrentar con prontitud y con efectividad, en nuestro país tenemos actualmente el reto de llevar a cabo lo que algunos han llamado la “Reforma del Estado”. Dentro de esta Reforma del Estado se encuentra como un elemento muy importante la Convención Nacional Hacendaria que inició el 5 de febrero de 2004. No obstante que se han llevado a cabo Convenciones similares en nuestro país en los años 1925, 1932, 1947, la actual se ha denominado “Primera Convención Nacional Hacendaria” (en los sucesivo CONVENCIÓN), seguramente porque la temática de la presente es más amplia y ambiciosa que las anteriores.

3. En el tema de las finanzas públicas, con la finalidad de que estas sean sanas, cuya responsabilidad está cargo del gobierno tanto en su nivel Federal, Estatal como Municipal, en su carácter de órgano regulador de la economía y con el grave compromiso que este tiene de crear condiciones propicias para el bien común, me parece primordial por un lado una adecuada utilización de los ingresos públicos, es decir una honesta, racional y eficiente aplicación de los gastos públicos en beneficio de la sociedad en general; y por otro lado, una captación suficiente, hasta la medida de lo necesario, de ingresos públicos, tanto los tributarios como los no tributarios.

4. Considero que los temas de las 7 mesas de trabajo de la Convención Nacional Hacendaria se encuentran estrechamente vinculados, por esta razón, las propuestas e ideas que someto a su consideración en este trabajo se relacionan de alguna forma con todas ellas, aunque en forma más directa con las siguientes dos mesas: A) Gasto Público (mesa II) y B) Ingresos Públicos (mesa I).

5. Así las cosas, en el presente trabajo me enfocaré a someter a la consideración de quienes han de intervenir en la CONVENCIÓN, como posteriormente, en su caso, de los integrantes de las Cámaras de Diputados y Senadores (de origen y revisora respectivamente en materia fiscal) algunas propuestas tendientes a:

A) Lograr optimizar la aplicación de gastos públicos y

B) Obtener una mejoría en los ingresos públicos, específicamente los ingresos tributarios.

Las propuestas contenidas en esta ponencia deben insertarse en el programa general que se espera surja de los trabajos de esta CONVENCIÓN, es decir, no deben verse aisladas sino que deben vincularse armónicamente con el resto de elementos integrantes de las conclusiones a que ha de llegarse en dicha CONVENCIÓN.

Por otra parte, dada la concurrencia de múltiples sectores de la sociedad en esta CONVENCIÓN, espero que los resultados que de ella surjan sean tomados en cuenta por las Cámaras de Diputados y Senadores, y posteriormente sean traducidos a ordenamientos legales, ya que los trabajos realizados en ella han representado un enorme esfuerzo y una importante inversión de tiempo de una gran cantidad de personas especialistas en estas materias.

II PROPUESTAS PLANTEADAS

6. Las propuestas contenidas en este trabajo están relacionadas con Gastos e ingresos públicos, y tienden a:

A) Lograr optimizar la aplicación de gastos públicos y
C) Obtener una mejoría en los ingresos públicos, específicamente los ingresos tributarios.

7. La razones por las que primeramente hablaré de gastos públicos son las siguientes:

b) Una de las principales funciones de la administración pública es la satisfacción de necesidades colectivas a través de la realización de gastos públicos, y los ingresos públicos están supeditados a ellos, estos ingresos tienen su razón de ser y su cuantificación en la medida de los gastos públicos.

c) La población deposita su confianza en el gobierno en la medida en que percibe una eficiente y honesta administración del gasto público. Es decir, pretender aumentar los ingresos públicos tributarios, a través de aumentar las cantidades de dinero que deben entregar los particulares al gobierno, debe iniciar forzosamente con esa eficiente y honesta actuación de los servidores públicos en el ejercicio del gasto público, de otra forma –considero- será sumamente difícil que la población esté dispuesta a pagar contribuciones.

Es decir, la meta de lograr que las finanzas públicas sean sanas, desde mi punto de vista no puede iniciar con aumentar los ingresos públicos (en este caso los tributarios), sino con racionalizar y aplicar honesta y eficientemente el gasto público, si esto último no ocurre -considero- será muy complicado obtener mayores ingresos tributarios.

A) PROPUESTAS PARA LOGRAR OPTIMIZAR LA APLICACIÓN DE LOS GASTOS PÚBLICOS

a) Reducción del número de legisladores - Diputados

8. La determinación estimada de ingresos que ha de obtener el gobierno Federal así como la aplicación que se haya de realizar de esos ingresos en cada ejercicio fiscal son facultades conferidas al Congreso de la Unión, mismas que se ejercen a través de la aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos.

En los últimos años la aprobación de estos ordenamientos legales por parte de las Cámaras de Diputados y Senadores ha tenido serias dificultades; a los legisladores les ha costado mucho trabajo llegar a consensos para la aprobación de las leyes, tal vez porque las decisiones no son tomadas apoyados en elementos eminentemente económicos (tratándose de los temas relativos a las mesas de trabajo de la CONVENCIÓN) y con un sentido de buscar realmente el bien común de los mexicanos, sino en visiones unilaterales y partidistas, prueba de ello ha sido el hecho de que para la aprobación del denominado paquete económico se han tenido que llevar a cabo periodos extraordinarios de sesiones de las Cámaras mencionadas durante los últimos años, y al final de cuentas se ha aprobado dicho paquete a altas horas de la noche el último día programado para estos trabajos.

Lo anterior ha provocado que al inicio de cada año exista una gran incertidumbre en la población en general, tanto en proyectos de nuevas empresas, como en compañías ya existentes, en los inversionistas nacionales y extranjeros, en el sector financiero etc., esta situación es muy costosa para el país porque lo frena seriamente, ya que no permite avanzar en aspectos como crecimiento económico, generación de empleos (que actualmente presenta un considerable déficit), desarrollo tecnológico, educación, vivienda, etc.. En fechas recientes fue aprobada una reforma a la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que el presupuesto de egresos debe ser aprobado por la Cámara de Diputados a mas tardar el 15 de noviembre; esta reforma va encaminada precisamente a evitar la incertidumbre a que me refiero en este párrafo, considero que fue muy positiva esta reforma Constitucional.

La experiencia ha demostrado que en la medida de que en la toma de decisiones, sobre todo en decisiones importantes como la creación de leyes, intervienen el número adecuado de personas, estas son mas atinadas, se llega a consensos mas rápidamente, el desgaste de quines intervienen es menor, etc.. Crear las condiciones para que esto se dé en las Cámaras de Diputados y Senadores ayudaría en forma muy importante a evitar los perjuicios mencionados en el párrafo anterior.

9. Bajo este orden de ideas, me parece muy importante definir si el número de legisladores con que cuentan actualmente las Cámaras mencionadas es el adecuado.

10. Nuestra Constitución Federal contempla que la Cámara de diputados sea conformada por 500 integrantes (artículo 52 de nuestra Constitución Federal) y la de Senadores por 128 (artículo 56 de nuestra Constitución), en el país existen poco más de 101 millones de habitantes.

Dada la dificultad para llegar a consensos, sobre todo en la Cámara de Diputados, vista en los últimos años, y tomando en cuenta el número de habitantes de nuestro país, se aprecia que el número de Diputados no es el adecuado, desde mi punto de vista está excedido.

Sirve como punto de referencia observar que en los estados Unidos de América, que cuenta con 300 millones de habitantes (el triple que en nuestro país) sólo existen 439 representantes (diputados) y 101 senadores (adjunto anexo que contiene integración actual de esos legisladores). La consideración de que el número de diputados excede a lo que necesita nuestro país, es compartida según mi apreciación personal (sin haber realizado una encuesta formal), por varios sectores de la población, según se desprende de las conversaciones cotidianas que con muchas personas (profesionistas, empresarios, amas de casa, estudiantes, etc.) he tenido durante los últimos meses.

11. Además de lo anterior, reducir el número de legisladores implicaría reducir el gasto público relacionado con ellos, gasto publico que es significativo en virtud de las remuneraciones que perciben directamente, los gastos de secretarias, asesores, oficinas, teléfonos, etc. Esto es importante considerando que somos un país, con mucha pobreza y enormes necesidades en educación, salud, inversiones en tecnología, vivienda, etc.

Resulta ofensivo e indignante todo excesivo gasto erogado que no ha producido lo que por obligación debe producir: mejorar la vida en general de la población mexicana; mas bien en los últimos años han empeorado diversos aspectos, por ejemplo el poder adquisitivo percápita, la tasa de desempleo, las oportunidades de estudio profesional, etc.. Es indignante el gasto excesivo en virtud de que mientras que un lado existe un gran número mexicanos que viven en extrema pobreza, el sector primario se encuentra en una situación muy precaria, el desarrollo de tecnología es escaso, el sistema de salud enfrenta serias dificultades de subsistencia (para ello es muy ilustrativa la situación por la que atraviesa actualmente el Instituto Mexicano del Seguro Social), etc., por otro lado existe una gran cantidad de personas que no merecen obtener los ingresos que perciben.

12. Bajo este orden de ideas, reducir el número de legisladores, sobre todo el del Diputados, permitiría las siguientes ventajas:

a) Que se llegue con menos dificultades en forma eficiente y práctica a consensos,
b) Que al ser menor el número de diputados, la tendencia natural sería que las personas que aspiren a tales cargos públicos deberán ser las mejores desde el punto de vista de honestidad, conocimiento de las necesidades de la población, conocimientos técnicos de las iniciativas de ley que se someten a su aprobación, profesionalismo, etc.
c) Que el gasto público relacionado con los legisladores sea disminuido considerablemente.

Las dos primeras ventajas representan beneficios incuantificables para el país, considero que son las más importantes, la contenida en el inciso c) representaría un ahorro cuyo monto dependerá del número de legisladores que en un momento dado se apruebe reducir.

En resumen propongo que el número de legisladores, específicamente los diputados sean disminuido; asignar el número a reducir es cuestión de una análisis mas detallado, sin embargo, apoyado en lo que ocurre en USA considero que el número de diputados podría ser reducido a la mitad de los actualmente existentes (500).

b) Remuneración justa, no onerosa para funcionarios públicos

13. Las actividades desempeñadas por los funcionarios públicos influyen en forma importante para lograr satisfacer las necesidades básicas de subsistencia de la población, vivir armónicamente con equidad y justicia en colectividad, tener oportunidades de crecimiento y desarrollo en los ámbitos personal, económico, educativo, intelectual, etc., preservar la naturaleza y demás medios de subsistencia para asegurar lo más posible la vida de las generaciones futuras, etc..

14. Ante tal situación, la retribución que se ha de pagar a los funcionarios públicos por sus servicios desarrollados en el ejercicio de su puesto, debe compensar la importancia, preparación, responsabilidad, eficiencia, etc de las labores desempeñadas; no deben ser insuficientes para compensar su valioso trabajo, pero tampoco deben ser en exceso a lo que en justicia debe corresponderles.

15. Lograr fijar la medida justa de esta retribución es una labor complicada; sin embargo, en varias ocasiones sucede que los sueldos de algunos funcionarios públicos de bajo nivel jerárquico, en ocasiones funcionarios municipales o estatales, han sido, superiores al sueldo establecido para otros funcionarios con mayor responsabilidad.

Estas situaciones resultan injustas y sumamente perniciosas para todos los mexicanos, tanto porque estos funcionarios públicos obtienen ingresos que no les corresponden de acuerdo a la importancia de sus funciones, sus responsabilidades, su preparación, su eficiencia en el desempeño de sus actividades, su profesionalismo, etc, como porque esos recursos así pagados representan carencias para la población en otros rubros del gasto público, afectando con ello renglones como educación, salud, seguridad pública, desarrollo de tecnología, etc.

16. Bajo este orden de ideas, resulta muy importante establecer las disposiciones legales y mecanismos para evitar sueldos excesivos pagados a funcionarios públicos. Una propuesta general para lograr lo anterior, podría tener las siguientes características.

a) Que los sueldos de los principales funcionarios públicos Federales (por ejemplo Presidente de la República, Secretarios de Estado, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministros, Diputados y Senadores), sean establecidos por un comité multisectorial Federal conformado por: integrantes de los propios poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, empresarios (cámaras), sindicatos de trabajadores, investigadores, docentes, profesionistas, etc. Para la integración de este comité la sugerencia es que lo conformen aquellas con más amplia experiencia, excelente reputación y trayectoria, bien podrían ser personas que ya están jubiladas, honorables ex funcionarios públicos, empresarios exitosamente retirados, etc.

Este comité multisectorial debería ser incluyente en su integración, asimismo, en su actuación debería sustentarse en aspectos tales como: objetividad, análisis financieros, estudios de la situación económica general del país, etc. En México ya existen comisiones o grupos de trabajo con similares características, tales como: Comisión para la determinación de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, Comisiones mixtas de seguridad e higiene, Consejo Asesor Fiscal, inclusive la propia Convención Nacional Hacendaria que en nuestro país se está llevando a cabo actualmente.

b) Que una vez fijados, por el comité multisectorial federal, los sueldos y demás prestaciones de los principales funcionarios públicos federales, los de los funcionarios públicos de nivel jerárquico inferior, según su puesto y dependencia en que laboren, sean determinados por este mismo comité aplicando un determinado porcentaje menor al 100 % a las remuneraciones de los principales funcionarios públicos.

c) La fijación de las remuneraciones para funcionarios públicos estatales y municipales podría establecerse a través de un comité multisectorial que sea integrado en cada entidad federativa, dicho comité se integraría y funcionaría bajo los mismos criterios y características que los del comité multisectorial federal, y tendría la obligación de que las remuneraciones que establezca, para cada categoría y dependencia de que se trate, no sean superiores al de las establecidas para funcionarios públicos federales según su categoría y dependencia en que se desarrolle el trabajo.

d) Que la remuneración para todo funcionario público federal, estatal o municipal sea establecida en su totalidad antes de la ocupación de los puestos correspondientes.

e) Que la totalidad de la remuneración a pagar se señale expresa y claramente en las partidas presupuestarias correspondientes; esto significa que sea evitada la práctica actual consistente en que la mayor pague de la remuneración sea pagada bajo el concepto de compensaciones o partidas extraordinarias y una mínima parte sea la que formalmente se señale como sueldo.

Lo mencionado en este punto implica que las remuneraciones que sean pagadas a funcionarios públicos sean gravadas correctamente para efectos de las contribuciones de que son afectas, principalmente para efectos del Impuesto Sobre la Renta (en adelante ISR). Esto provocaría un aumento en la recaudación que por este concepto obtenga la Federación; el incremento en la recaudación así obtenido no debería originar un gasto para la Federación por concepto de la absorción del impuesto a cargo de los funcionarios públicos (situación que en el pasado ha sido muy practicada), sino que implicaría un gasto (retención de ISR) para los funcionarios públicos, logrando con ello que estos paguen el impuesto que les corresponde a su nivel de ingreso, lo cual significaría que sea respetado el principio de equidad tributaria que establece nuestra Constitución Federal, respecto de otros contribuyentes que no son funcionarios públicos que sin tener opciones deben aceptar la retención del impuesto.

17. El establecimiento e implementación de lo anterior, debería llevarse a cabo a través de las adecuaciones y modificaciones legislativas correspondientes, tarea que sería extensa y que implica conocimiento y experiencia del marco legal inherente.

B) PROPUESTAS PARA OBTENER UNA MEJORÍA EN LOS INGRESOS PÚBLICOS, ESPECÍFICAMENTE EN LOS INGRESOS TRIBUTARIOS

a) Unificación y reducción de la tasa general del IVA

18. Uno de los graves problemas de México es el bajo nivel de ingresos tributarios que obtiene; en los últimos 10 años los ingresos tributarios no han aumentado respecto del Producto Interno Bruto (PIB), en 2003 los ingresos tributarios representaron apenas, según las cifras oficiales, el 11.3 % de dicho producto; en países desarrollados estos ingresos representan alrededor de un 20 % de dicho Producto.

19. Desde mi punto de vista, dos de las principales causas de esta muy baja recaudación son:

a) La enorme cantidad de personas que no pagan impuestos (principalmente ISR) o que pagan una cantidad menor a la que legalmente les corresponde.

b) La existencia de regímenes fiscales preferentes. Entre ellos se encuentra el “Régimen Simplificado” que hoy en día sigue siendo muy benéfico principalmente por: las tasas reducidas de ISR (50 %), muy posiblemente pérdidas fiscales pendientes de amortizar derivadas de la transición del régimen anterior, importantes facilidades de comprobación; así como el régimen de consolidación fiscal, etc.

20. A la situación mencionada en el inciso a) anterior la autoridad Fiscal Federal le ha denominado (en las exposiciones de motivos que se acompañan a algunas iniciativas de leyes fiscales que ha presentado) “evasión fiscal”, probablemente este término no sea el adecuado, considerando que algunas de las razones de que exista esa situación son las siguientes:

a) La poca confianza que se ha ganado el gobierno como recaudador y administrador de impuestos; recientemente hemos conocido casos graves de malversación de recursos económicos públicos.

b) El hecho de que no existan esquemas sencillos, prácticos y al mismo tiempo respetuosos de los principios de proporcionalidad y equidad tributaria para que sean pagados los impuestos. Por lo que se refiere a ISR, considero que el “Régimen de pequeños contribuyentes” fue creado y diseñado para lograr lo mencionado, sin embargo, me parece que aún no lo ha logrado.

c) La poca cultura de cumplimiento de obligaciones fiscales que existe en general en buenos sectores de la población, y el casi nulo esfuerzo que ha hecho el gobierno para inculcar y difundir esa cultura, por ejemplo, en los programas de educación oficial básica casi nada existe para formar y educar a los infantes en esta materia contributiva.

d) Las trabas y requisitos formales a que todo contribuyente se enfrenta cuando lleva a cabo el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

e) La incertidumbre que existe en múltiples ocasiones en las leyes tributarias.

Bajo este orden de ideas, el hecho de que existan muchos sujetos que no pagan impuestos, no se debe necesariamente a que en forma deliberada lleven a cabo maquinaciones ilegales para no pagarlos (evasión fiscal), sino que las circunstancias y condiciones existentes, en buena medida promueven tal situación, sobre todo la desconfianza que existe hacia el gobierno como administrador de ingresos, así como la complejidad que significa cumplir adecuadamente con las obligaciones fiscales.

21. Ahora bien, los impuestos indirectos, tienen características que ayudan importantemente a asegurar y en ocasiones a aumentar la recaudación fiscal, así ocurrió e México en 1980 con la creación del IVA.

22. El IVA, que es el principal impuesto indirecto que existe en México, tiene las siguientes características principales:

a) Debe pagarlo todo consumidor de bienes, servicios o arrendatario,
b) Es traslativo, es decir, son pagados necesariamente dentro del precio por el sujeto económico en el momento de la adquisición de bienes de consumo,
c) Quien pretende efectuar deducciones de compras, gastos o inversiones en el ISR, debe obtener un comprobante que contenga el IVA que le trasladaron en forma expresa y por separado; esto permite tener un buen control sobre quien trasladó el impuesto, quien en su documentación y registros contables lo identifica en forma clara como un impuesto que debe enterar,
d) Es sencillo en su determinación,
e) Es neutral frente a la competencia.

23. No obstante esas bondades, el IVA tiene la enorme desventaja, desde el punto de vista de recaudación, que contempla una buena cantidad de bienes y servicios u otorgamientos de uso o goce temporal de bienes, que para efectos de ese impuesto son gravados a la tasa del 0% o bien que están exentos del impuesto. Este tratamiento preferencial es aplicable para bienes de la canasta básica (alimentación), sector primario, sector salud, vivienda, sector financiero y educación, principalmente.

Las operaciones gravadas a la tasa del 0 % representan para el gobierno federal importantes disminuciones a la recaudación a través de la devoluciones que del impuesto debe efectuar.

Las exenciones realmente son una distorsión en el esquema general del impuesto, en virtud principalmente de lo siguiente: : a) para la autoridad fiscal significan no recaudar el impuesto total que debería, en virtud de que de que sólo una parte del valor agregado generado en la cadena productiva forma parte de la base del impuesto, b) para los consumidores representan un pago parcial del impuesto dentro del precio de los bienes y servicios adquiridos, por lo que realmente no existe una verdadera exención en el pago del impuesto.

24. Bajo la premisa de que la tasa general del IVA actualmente es del 15 % (sin considerar a la región fronteriza que forzosamente debe tener un tratamiento diferente) y que existen las distorsiones consistentes en la aplicación de la tasa del 0 % y las exenciones a una buena parte de bienes y servicios (aproximadamente 40 % de la totalidad de bienes y servicios producidos en México), para fines prácticos la tasa del IVA en realidad es aproximadamente del 9 %.

25. Por lo anterior, considero que una forma de llenar los huecos que en la recaudación Federal ocasionan la llamada “evasión fiscal” y los regímenes fiscales preferentes, es a través de la aplicación de una tasa general del IVA a la totalidad de bienes, servicios y otorgamiento de uso o goce temporal de bienes producidos en al país, esto considero sería lo técnicamente correcto. A través de esto, además, igualaríamos en México este tratamiento fiscal con el que existe en otras naciones con las que tenemos importantes operaciones comerciales, que han establecido una tasa general de impuesto indirecto para casi la totalidad de bienes y servicios que producen.

26. Esta tasa general del IVA aplicable a la totalidad de bienes y servicios sería menor a la tasa del 15 % que actualmente contempla la ley que regula esa contribución.

27. Sin embargo, es importante considerar que en México, desafortunadamente una importante parte de la población tiene un poder adquisitivo muy bajo, lo que significa que la totalidad de sus ingresos son destinados a la obtención satisfactores básicos de subsistencia, cuyo aumento en el precio que generaría la unificación de la tasa general de IVA les perjudicaría seriamente.

28. Bajo este orden de ideas, considero que llegar a la unificación de la tasa general del IVA para la totalidad de bienes o servicios, debería ser un proceso paulatino en el que en el principio la tasa para los bienes y servicios que actualmente son gravados a la tasa del 0 % y exentos en el IVA, tengan una tasa menor a la tasa general (pero ya no 0 % ni exentos), y a través de un esquema transitorio de 3 o 4 años unificar la tasa en forma total. Durante este tiempo, las cifras obtenidas en la recaudación y en general el comportamiento de la economía nos ayudarían a determinar la tasa general que sería adecuada para México.

Este esquema paulatino, consistente en llegar a la unificación de la tasa general del IVA para la totalidad de bienes y servicios, debería de ir acompañado de un mecanismo que resarza, al menos parcialmente, a la población de más bajos ingresos. Propongo que ese mecanismo consista en un aumento gradual del estímulo fiscal que obtiene la clase trabajadora de bajos ingresos denominado Crédito al Salario (en los sucesivo CAS).

El CAS ha demostrado ser un esquema eficiente, seguro y muy práctico para hacerle llegar desde la Federación hasta la población trabajadora de bajos recursos económicos ingresos adicionales. Las regulaciones y requisitos de aplicación del CAS ya son ampliamente conocidos y dominados en nuestro país, ya que ha sido aplicado desde octubre de 1993.

Por lo que se refiere a personas de bajos ingresos que no son asalariados, el estímulo podría hacérseles llegar en su declaración mensual, a través de la disminución del monto que por impuestos deban enterar, o bien, si no tienen cantidades a pagar, a través de devolución de las cantidades que les corresponderían por concepto de CAS a su favor si fuesen trabajadores de conformidad con el nivel de ingresos obtenido. La efectividad y aplicabilidad de lo mencionado en este párrafo está sujeto a que las autoridades fiscales no inhiban el beneficio a través de trabas y complejidades de forma en la documentación que deba ser presentada en las solicitudes de devolución correspondientes. Desde luego, que también debería haber restricciones para evitar que algunas personas se aprovechen (abusen) de este estímulo sin tener derecho a ello.

Bajo esta idea, quienes se encuentren en los supuestos de obtener el estímulo fiscal, si desean obtenerlo deben inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), esto le significaría a la Federación aumentar su patrón de contribuyentes, lo cual ha sido durante años una meta importante; por otra parte, quienes no se inscriban en dicho registro no obtendrán el estímulo fiscal en comento, lo que le significaría a la Federación desembolsos menores.

29. El ingreso adicional que obtendría el gobierno Federal por la uniformidad de la tasa general del IVA sería en cantidad mayor que la que correspondería al desembolso que le represente el CAS, considerando que una importante parte de la población pagará el IVA en bienes o servicios que actualmente están gravados a la tasa del 0 % o exentos no obtendrá estímulo fiscal porque su nivel de ingresos no le permite acceder al CAS.

30. Una tasa general de IVA menor a la del 15 % actualmente aplicable, considero, tendría las siguientes ventajas:

A) Aumentaría la recaudación de ingresos tributarios,
B) Haría más similar nuestro sistema de impuestos indirectos con el de otros países con los que tenemos nutridas relaciones comerciales,
C) Permitiría un aumento en el consumo general de bienes y servicios que actualmente están gravados a la tasa del 15 %, al tener una tasa menor.
D) Ayudaría a disminuir la economía informal, ya que a los contribuyentes les resultaría más fácil cumplir sus obligaciones fiscales a través de un sistema fiscal menos gravoso (tasas menores). El autor Emilio Margain Manaotou señala en su libro “Exégesis del Impuesto al Valor Agregado Mexicano” que si “con un tratamiento benigno no se dice la verdad, menos se hará con un sistema que exige más” ; es decir, a medida que el esquema fiscal es menos gravoso los contribuyentes tienden a declarar cifras reales

La conjunción de las situaciones anteriores, ayudaría a lograr equilibrio en las finanzas públicas (incisos A) y D) anteriores), también ayudaría a aumentar la competitividad fiscal (inciso B) anterior), promovería las inversiones y sería un impulso para mantener y crear fuentes de trabajo al aumentar en general el consumo de bienes y servicios (inciso D).

III CONCLUSIONES

31. En conclusión, las propuestas contenidas en este trabajo están relacionadas con Gastos e ingresos públicos, y tienden a:

A) Lograr optimizar la aplicación de gastos públicos y
D) Obtener una mejoría en los ingresos públicos, específicamente los ingresos tributarios.

La meta de lograr que las finanzas públicas sean sanas, desde mi punto de vista no puede iniciar con aumentar los ingresos públicos (en este caso los tributarios), sino con racionalizar y aplicar honesta y eficientemente el gasto público, si esto último no ocurre -considero- será muy complicado obtener mayores ingresos tributarios.

32. Para lograr optimizar la aplicación de los gastos públicos propongo: a) reducir el número de diputados federales y b) controlar los pagos de sueldos, compensaciones y demás pagos que son efectuados en general los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones propias.

33. Reducir el número Diputados, permitiría las siguientes ventajas:

a) Que se llegue con menos dificultades en forma eficiente y práctica a consensos,
b) Que al ser menor el número de diputados, la tendencia natural sería que las personas que aspiren a tales cargos públicos deberán ser las mejores desde el punto de vista de honestidad, conocimiento de las necesidades de la población, conocimientos técnicos de las iniciativas de ley que se someten a su aprobación, profesionalismo, etc.
c) Que el gasto público relacionado con los legisladores sea disminuido considerablemente.

Las dos primeras ventajas representan beneficios incuantificables para el país, considero que son las más importantes; la contenida en el inciso c) representaría un ahorro cuyo monto dependerá del número de legisladores que en un momento dado se apruebe reducir.

Bajo este orden de ideas, propongo que el número de legisladores, específicamente los diputados sean disminuido; asignar el número a reducir es cuestión de una análisis mas detallado, sin embargo, apoyado en lo que ocurre en USA y Canadá considero que el número de diputados podría ser reducido a la mitad de los que actualmente contempla nuestra Constitución Federal (500).

34. Por lo que se refiere a remuneraciones para funcionarios públicos, considero que resulta muy importante establecer las disposiciones legales y mecanismos para evitar sueldos excesivos pagados a funcionarios públicos. Una propuesta general para lograr lo anterior, es que dichas remuneraciones sean establecidas por un comité multisectorial Federal conformado por integrantes de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, empresarios (cámaras), sindicatos de trabajadores, investigadores, docentes, profesionistas, etc. Para la integración de este comité la sugerencia es que lo conformen aquellas personas con más amplia experiencia, excelente reputación y trayectoria, bien podrían ser personas que ya están jubiladas, honorables ex funcionarios públicos, empresarios exitosamente retirados, etc.

Este comité multisectorial debería ser incluyente en su integración, asimismo, en su actuación debería sustentarse en aspectos tales como: objetividad, análisis financieros, estudios de la situación económica general del país, etc. En México ya existen comisiones o grupos de trabajo con similares características, tales como: Comisión para la determinación de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, Comisiones mixtas de seguridad e higiene, Consejo Asesor Fiscal, inclusive la propia Convención Nacional Hacendaria que en nuestro país se está llevando a cabo actualmente.

35. Para lograr mejoría en los ingresos públicos, específicamente los ingresos tributarios, propongo: homologar y reducir la tasa general del IVA aplicable a la totalidad de bienes y servicios producidos en el país.

36. Considero que una forma de llenar los huecos que en la recaudación Federal ocasionan la llamada “evasión fiscal” y los regímenes fiscales preferentes, es a través de la aplicación de una tasa general del IVA a la totalidad de bienes, servicios y otorgamiento de uso o goce temporal de bienes producidos en al país, esto considero sería lo técnicamente correcto, con ello serían evitadas las distorsiones que en el esquema global genera la existencia de la tasa del 0 % y las exenciones.

37. Una tasa uniforme general de IVA, menor a la del 15 % actualmente aplicable, considero, tendría las siguientes ventajas:

A) Aumentaría la recaudación de ingresos tributarios,

B) Haría más similar nuestro sistema de impuestos indirectos con el de otros países con los que tenemos nutridas relaciones comerciales,

C) Permitiría un aumento en el consumo general de bienes y servicios que actualmente están gravados a la tasa del 15 %, al tener estos una tasa menor.

D) Ayudaría a disminuir la economía informal, ya que a los contribuyentes les resultaría más fácil cumplir sus obligaciones fiscales a través de un sistema fiscal menos gravoso (tasas menores). El autor Emilio Margain Manaotou señala en su libro “Exégesis del Impuesto al Valor Agregado Mexicano” que si “con un tratamiento benigno no se dice la verdad, menos se hará con un sistema que exige más”; es decir a medida que el esquema fiscal es menos gravoso los contribuyentes tienden a declarar cifras reales

38. La conjunción de las situaciones anteriores, ayudaría a lograr equilibrio en las finanzas públicas (incisos A) y D) anteriores), también ayudaría a aumentar la competitividad fiscal (inciso B) anterior), promovería las inversiones y sería un impulso para mantener y crear fuentes de trabajo al aumentar en general el consumo de bienes y servicios (inciso D).

39. La desaparición de la tasa 0 % y exenciones ocasionaría efectos negativos a las personas de menores ingresos, resarcir el perjuicio que esto les ocasione se llevaría a cabo a través de un aumento en el Crédito al Salario para quienes son trabajadores, y para quienes no lo son a través de una devolución que la autoridad le efectúe a las personas que obtengan el nivel de ingresos con derecho a CAS, es implicaría el establecimiento de algunas medidas y requisitos restrictivos para asegurar su correcta aplicación así como para evitar abusos.

40. El ingreso adicional que obtendría el gobierno Federal por la uniformidad de la tasa general del IVA, sería en cantidad mayor que la que correspondería al desembolso que le represente el CAS, considerando que una importante parte de la población pagará el IVA en bienes o servicios que actualmente están gravados a la tasa del 0 % o exentos, y por otra parte, no obtendrá estímulo fiscal porque su nivel de ingresos no le permite acceder a él.

41. Las propuestas contenidas en esta ponencia deben insertarse en el programa general que se espera surja de los trabajos de esta CONVENCIÓN, es decir, no deben verse aisladas sino que deben vincularse armónicamente con el resto de elementos integrantes de las conclusiones a que ha de llegarse en dicha CONVENCIÓN.

42. Por otra parte, dada la concurrencia de sectores de la sociedad en esta CONVENCIÓN, espero que los resultados que de ella surjan sean tomados en cuenta por las Cámaras de Diputados y Senadores y traducidos a ordenamientos legales.

Ponente:
C.P.C. José Luis Gallegos Barraza
Teléfonos 996 24 96 y 996 24 97
Abril del 2004