Propuesta del Colegio de Contadores.

Propuesta: Reforma al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

Antecedentes.

Desde principios de los años ochenta, cuando se establecieron las bases del actual Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), la coordinación fiscal en México ha dictado las pautas de la evolución de las haciendas locales. Por esto, la problemática del actual SNCF corresponde a los mismos retos que enfrentan las finanzas públicas estatales.   Así, el fortalecimiento de las finanzas públicas en el Estado se relaciona estrechamente con las reformas y mejoras que el SNCF requiere.

En este arreglo federal, las entidades han tenido limitantes de carácter fiscal y estructural importantes. Lo anterior, se puso de manifiesto en los últimos años y obliga a evaluar el funcionamiento del SNCF desde el punto de vista de su vigencia y viabilidad para resolver la problemática actual.

Diagnóstico.

El actual diseño de las responsabilidades fiscales y la alta dependencia de los recursos de origen federal ha debilitado la capacidad de respuesta de las haciendas públicas estatales, así como sus posibilidades de gasto para cumplir con los compromisos en materia de infraestructura social, educación, salud y seguridad pública que demanda su población. A pesar de los avances que el SNCF registra en materia de coordinación fiscal, la realidad actual presenta importantes desafíos al federalismo fiscal mexicano.

A continuación se mencionan algunos de los problemas más recurrentes entre las Entidades:

•  El SNCF ha reducido la autonomía fiscal de los gobiernos Estatales y Municipales. Actualmente, las potestades tributarias de los gobiernos estatales se sustentan en bases tributarias reducidas y de bajo poder recaudatorio. La participación de las Entidades Federativas en la administración de los impuestos federales de base amplia se limita a labores de fiscalización y control de obligaciones.

•  Baja participación en la toma de decisiones de carácter federal. La participación de los gobiernos de los estados y municipios, a través del SNCF, en el proceso de reformas y adiciones a las leyes fiscales federales es limitada ya que se reduce a simples recomendaciones al Ejecutivo Federal por el conducto de la SHCP.

•  La estructura actual del SNCF limita la responsabilidad fiscal en los estados. El uso de las participaciones federales como un instrumento de redistribución sin duda ha beneficiado a las entidades federativas. Sin embargo, es necesario reconocer que el sistema de redistribución ha afectado la responsabilidad fiscal de estados y municipios, ya que modificó la asociación entre las fuentes de financiamiento y las posibilidades de gasto.

•  El SNCF ha ignorado aspectos importantes de la gestión hacendaria. Por sus antecedentes, el SNCF ha limitado sus acciones a la coordinación fiscal, un aspecto prioritario de la gestión hacendaria. La gestión hacendaria abarca una esfera de responsabilidades más amplia que incluye la asignación de responsabilidades de gasto entre los tres niveles de gobierno, la política de financiamiento, así como la coordinación fiscal.

•  Relegación de los municipios en la coordinación hacendaria. Otro aspecto importante de la gestión Hacendiaria es la coordinación en materia de ingreso y gasto con los ayuntamientos. En nuestro sistema federal, este nivel de gobierno presenta los mayores retos en materia hacendaria.

•  Reglas claras para la política de endeudamiento de los gobiernos locales. Es necesario que los gobiernos estatales garanticen la contratación y uso eficiente de la deuda pública local, a fin de evitar la existencia de incentivos perversos sobre la responsabilidad fiscal y control del gasto de los gobiernos locales.

Propuestas.

Derivado de la problemática anteriormente citada, se propone el establecimiento de una reforma en esta materia que incluya entre otros puntos los siguientes:

•  Impulsar mecanismos que incrementen el grado de responsabilidad fiscal de estados y municipios. Incrementar la responsabilidad fiscal en los gobiernos locales implica fortalecer los mecanismos de resarcimiento que originalmente buscaba el SNCF, sin relegar los objetivos redistributivos que en los últimos años se ha planteado el sistema. Lo anterior, se puede lograr a través de devolución de potestades fiscales sobre contribuciones de base amplia.

•  Otorgar mayor capacidad de gestión a los gobiernos locales. Durante los últimos años el desarrollo económico regional en nuestro país ha experimentado una rápida transformación. La coordinación fiscal entre niveles de gobierno no debe pasar por alto que la transición hacia una nueva estructura de la economía originó diferentes necesidades entre las regiones, al mismo tiempo que asignó a la gestión local mayores responsabilidades. Los gobiernos locales deben vislumbrar que bajo la nueva estructura económica del país, los recursos federales eventualmente no serán suficientes para satisfacer sus necesidades de gasto.

•  Garantizar la eficiencia administrativa y la equidad regional en el nuevo arreglo fiscal federal.

•  El sistema federal mexicano, desde la perspectiva económica, se ha planteado dos objetivos principales: por un lado, promover la existencia de gobiernos estatales y municipales sólidos que hagan frente a las demandas de su población de la manera más eficiente y por otro, disminuir las disparidades regionales a fin de procurar la equidad en el país.

•  El objetivo de eficiencia debe lograrse a través de los mecanismos conocidos de coordinación fiscal, asignando mayores responsabilidades fiscales a los gobiernos locales. El objetivo de equidad, por su parte, debe atenderse utilizando instrumentos que permitan una verificación y evaluación de los efectos de un mayor gasto público en la eliminación de las disparidades regionales.

En resumen, el SNCF ha brindado soluciones a uno de los problemas más importantes de la historia económica de México: la coordinación fiscal. Sin embargo, el sistema aún tiene mucho que avanzar en otras esferas propias de la gestión hacendaria. El reto del federalismo fiscal en los próximos años es lograr un balance en la asignación de responsabilidades de gasto e ingreso entre los diferentes niveles de gobierno.