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Federación
Nacional de Municipios de México, A.C. En materia de Gasto
Que se incremente gradualmente el monto del Fondo General de Participaciones destinado a Entidades Federativas, en un punto porcentual durante 5 años hasa llegar a un 25% de la RFP. Que se aumente en 1% anual elmonto mínimo que los estados deben distribuir a los municipios hasta llegar a un 25% del total.
Que se aumente el porcentaje de referencia del componente Municipal del Ramo 33, se amplie la apertura programática del Fondo y se elimine la delimitación a diez rubros.
En materia de Ingreso
Que el impuesto al consumo (IVA) tenga un sentido ampliamente federalista, otorgando a los municipios el 1% de su recaudación total. Lo anterior, toda vez que las operaciones de consumo son generadas en los propios municipios.
La Ley de IEPS establece el gravamen para el consumo de los combustibles que impacta a los usuarios de vehículos automotores, ya sea de particulares o del servicio público. Es de elemental lógica, que los recursos que se obtengan por este impuesto, se destinen a resarcir los daños causados por los propios vehículos automotores. Por lo tanto, proponemos que otorgue a los municipios el 20% del impuesto al consumo de gasolina que ya se cobra- y que sea destinado al mejoramiento de infraestructura vial y urbana.
Que se otorguen a los municipios las facultades de administrar íntegramente el régimen de pequeños contribuyentes y obtener el 100% de dichos recursos para el fortalecimiento de sus haciendas. Asi mismo, establecer la posibilidad de firmar convenios entre la autoridad hacendaria estatal y los municipios que no estén en condiciones de ejercer tales facultades.
La Constitución establece claramente que todos los gravámenes en las operaciones de la propiedad inmobiliaria corresponde exclusivamente a los municipios. Ello debe considerar las operaciones que tengan por base el cambio de valor de inmuebles, por lo tanto se propone que sea materia municipal el respectivo Impuesto Sobre la Renta derivado de tales operaciones.
Participar a los municipios de los impuestos federales captados en su jurisdicción como los relativos a caminos y puentes, puertos y aeropuertos o extracción petrolera- estableciendo, en principio, la obligación de la Federación de informar a los municipios sobre los montos de la reacudación captada en su jurisdicción. En materia de Deuda Pública
Es necesario, resideñar la estructura operativa de la banca de desarrollo, principalmente BANOBRAS para que responda a los intereses de las entidades y los municipios. Este rediseño deber´incluir, tasas preferenciales para la inversión en infraestructura social municipal, modificaciones al marco legal y los requisitos que permita a los municipios ser sujetos de crédito, de manera flexible, el establecimiento de criterios transparentes para el otorgamiento de créditos, entre otros temas.
Toda vez que constitucionalmente la hacienda municipal se integra por Participaciones, Aportaciones e Impuestos, se requiere que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) pueda ser utilizado como garantía de los créditos para infraestructura. Así, los municipios podrán ejecutar proyectos cuyo costo rebase los flujos anuales del FAISM. En materia de Patrimonio Público
Exigimos que todos los organismos, sean paraestatales o descentralizados federales, paguen el impuesto predial y todas sus obligaciones impositivas locales con motivo de los inmuebles destinados a sus actividades operativas, oficinas administrativas y cualesquier otro fin, acabando con los privilegios ancestrales que actualmente disfrutan.
Que las empresas de telefonía, electricidad, petroleras, ferrocarriles, gaseras, telecomunicaciones y otras que utilizan la vía pública como espacio de operación, cumplan inviariablemente con la obligación del pago de derechos por uso de la vía pública municipal.
Que se modifique la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para resolver el vacío legal y que esta contribución cuente con toda la fuerza legal para que los Ayuntamientos puedan ejercerla con seguridad jurídica.
Establecer una política de transparencia en el destino final de los bienes asegurados por el fisco federal, la cual dé prioridad a los municipios en su otorgamiento, evite desviaciones hacia organismos privados y de reducida trayectoria, y establezca lineamientos claros y conocidos por los ayuntamientos.
Mejorar sustancialmente la coordinación de los sistemas municipales, estatales y federales de seguridad social, particularmente en materia de pensiones y servicios de salud.
No se puede seguir concibiendo a un gobierno municipal serio y responsable que no tenga la facultad de decidir sobre el monto de los recursos que debe cobrar para prestar un servicio o para otorgar un trámite o, incluso, para orientar el desarrollo de su comunidad. Que se hagan las reformas necesarias para que los Gobiernos Municipales que demuestren su capacidad para hacerlo, tengan plena potestad tributaria en el seno de sus Cabildos.
Por lo tanto, proponemos que el Congreso de la Unión modifique la Ley de Coordinación Fiscal para crear un nuevo fondo del capítulo V denominado fondo de incentivo a la Eficiencia en la Gestión Municipal , que incluya para empezar, un fondo de incentivo para que aquellos Municipios que, de acuerdo el método de evaluación que se implemente de común acuerdo con las Asociaciones de Municipios, cumplan con ciertos requisitos de eficiencia en el cobro de ingresos propios puedan obtener recursos adicionales para su gestión.
Establecer la posibilidad de que los ayuntamientos, mediante convenio, puedan coadyuvar en la recepción de contribuciones fiscales federales y estatales, ampliando las opciones para los contribuyentes.
Se propone buscar mecanismos sencillos y claros para la rendición de cuentas y usos de los fondos municipales. Ello requiere modificar y estandalizar parte de los esquemas de contabilidad pública para que sean compatibles entre sí y con los de las entidades.
En la relación intergubernamental, las partes deben cumplir con sus obligaciones mutuas, para no desgastar la necesaria colaboración que debe existir para solucionar las necesidades de la comunidad. El tema fiscal ha generado diversos conflictos, fundamentalmente por la falta de pago de impuesto predial y otros derechos municipales por parte de las entidades federativas y el gobierno federal y, en algunos casos, la falta de integración de las percepciones los empleados en relación al pago del ISPT a la tesorería federal. Por lo tanto, es urgente que se defina un solo sistema de relación fiscal entre los tres órdenes de gobierno, compensando suficientemente o eliminando las situaciones inequitativas de excepción. En materia de Coordinación y Colaboración Intergubernamental
Pedimos revisar la Ley de Coordinación Fiscal para distribuir el peso fiscal de acuerdo a la fórmula del 50% a la Federación; 30 a los estados y 20 a los municipios. Asi mismo, consideramos relevante reformar de fondo al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para redefinir las competencias de la Federación, los Estados y los Municipios permitiendo que los Gobiernos Municipales interactúen con la Federación y los estados en un verdadero sistema compartido entre los tres órdenes de gobierno que la Constitución reconoce. Integración de los Gobiernos Municipales en los Organos del Sistema Nacional de Coordinación FiscalReformar la Ley de Coordinación Fiscal, para que, coherente con la Constitución y nuestro reconocido carácter de Gobierno, se incluya a los Municipios como parte de pleno derecho en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Es decir, dar una representación real de los municipios en los órganos de coordinación fiscal y en todas las instancias nacionales, regionales y estatales en materia hacendaria y fiscal donde se toman decisiones que les afectan.
Establecer en cada entidad federativa un Sistema que permita transparencia y certidumbre en el otorgamiento de recursos ordinarios y extraordinarios a los municipios.
Que se establezca la obligación legal al Gobierno Federal para hacer pública cada mes, la información de los montos destinados a Estados y Municipio a través de las Participaciones Federales y que se establezca la facultad municipal de solicitar información sobre las fórmulas y montos de su asignación presupuestal.
Establecer un Sistema Nacional de Información Hacendaria entre los tres órdenes de gobierno, para que sea posible consultar la información hacendaria sin requerir gestiones específicas y para cumplir el compromiso de transparencia del gobierno federal. En este Sistema que podría instituirse en el seno del INEGI o como un órgano independiente para garantizar su imparcialidad y objetividad- las partes estarían obligadas a integrar toda la información que les corresponda.
Se propone establecer mecanismos e instancias claras para lograr la transparencia y vigilancia de la actuación del gobierno federal y así evitar irregularidades en la entrega de estas transferencias a los municipios. |
