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El municipio es el eje rector de toda comunidad social, organizada en territorio, con autonomía jurídica y administrativa. Su capacidad política reside en la conducción integral del desarrollo económico, político y social. El municipio es administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa, manejando su propio patrimonio, sin existir autoridad inmediata entre éste y el Gobierno del Estado. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 115 constitucional, contempla que el Municipio Libre es la base de al división territorial y de la organización política y administrativa de los Estados. En materia de competencia de participación del ingreso y gasto público en el ámbito de los tres niveles de gobierno, consideramos relevante para los tiempos que hoy nos ocupa, la colaboración y coordinación fiscal que debe existir en la distribución de las participaciones de la federación hacia los Estados y los Municipios, de igual forma la justa y equitativa distribución de los Estados hacia los Municipios. Si tomamos en cuenta que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 39 en el capítulo "De la Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno" que en principio la voluntad del pueblo mexicano debe ser constituida en un a República representativa, democrática, federal compuesta de Estados Libres y Soberanos en todo lo concerniente a su régimen interno; pero unidos en una federación establecida según los principios de una ley fundamental. Tenemos entonces un Pacto Federal que busca la colaboración y coordinación entre la Federación los Estados y los Municipios. Luego entonces si decimos que el Municipio es la base de la comunidad social, estamos diciendo que es el centro del vínculo con la gente en sus problemas cotidianos problemas de salud, de seguridad pública, educación, servicio públicos, actividad económica, agua, transporte, entre otros. Resulta interesante introducirse al análisis de la función que desempeñan los municipios, cabeceras de los Estados y promotores de bienestar social. Citando el artículo 25-A de la Constitución Local que "El gobierno del Estado está obligado a promover, orientar y conducir el desarrollo económico, social, político y cultural de la población de la Entidad, mediante el fomento del crecimiento económico, del empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza con la más amplia participación de la Sociedad", debe también coordinarse, como lo define el artículo 25-C de la Constitución Local sobre su planeación, citando "La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de las responsabilidades del Gobierno del Estado y de los Gobiernos Municipales, sobre el desarrollo integral de la Entidad, de acuerdo a los principios, fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en al Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora". El Estado considera la planeación del desarrollo como actividad de interés público. En este sentido tenemos que la Constitución Local prevé un Plan Estatal de Desarrollo y un Plan de Desarrollo por cada Municipio de la Entidad, en los que se sujetarán los programas de la Administración Pública Estatal y los programas de los Gobiernos Municipales. El Estado al formular sus programas de Desarrollo Regional, tiene la obligación de incorporar en su participación a los municipios que afecten su ámbito territorial. Por lo tanto, si tenemos que existe una vinculación entre la Federación, los Estados y los Municipios como principal objetivo, el de lograr obtener un mejor desarrollo social y económico, entonces debemos tomar en cuenta que la actual forma de distribución de los recursos no es la apropiada, dado que los tiempos actuales, modernos, exigen impulsar independencia del desarrollo regional y municipal. Se necesita un nuevo orden de distribución y recaudación de participaciones, obtención y canalización de recursos. La participación ciudadana y la exigencia de la sociedad ha rebasado los parámetros establecidos en los Municipios, en cuanto a su capacidad primordial en el ámbito territorial y poblacional. En propuesta tenemos, considerando como base la Constitución Federal y Local y la exigencia de un proceso consciente, voluntario y de actualización de cambio recaudatorio, participativo, coordinador y colaborador; los siguientes puntos: Considerar el logro obtenido por los acuerdos y consensos de las asociaciones de los Municipios, teniendo entre ellos la AMMAC (Asociación de Municipios de México, A. C.) a la primera Convención Nacional Hacendaria. Buscar la inclusión de participación de los Municipios con voz y voto en las Convenciones Nacionales e Internacionales, de igual forma sean incorporados en las Comisiones y Consejos Nacionales de Seguridad Nacional, Salud, Educación, Hacienda, Auditorías Fiscales, funciones fiscales, entre otros de manera permanente. Tomando en cuenta que el Municipio es el centro de cercanía directa de la gente y de sus problemas. Dar facultad a los municipios por parte de la Federación y de los Estados la participación en los programas de educación, escuela-municipio, salud. Creando para ello un fondo adicional, tanto para los estados como para los municipios. Los municipios tendrían la independencia de atender las necesidades de las escuelas que con frecuencia acuden al ayuntamiento a resolver sus problemas. Sólo son resueltas pequeñas contribuciones que están contempladas en CMCOP, como reparaciones, pinturas, etcétera, o participación en asuntos del deporte. CONCLUSIÓN El federalismo político, social y económico deberá voltear hacia los Estados y Municipios, para un nuevo orden de representación, una nueva modalidad de gobernar. Los Municipios deben ampliar y rescatar sus atribuciones e independencia que los caracteriza como el vínculo más cercano a la gente. Estamos convencidos que la relación intergubernamental que se de en esta nueva forma de hacer política entre los tres niveles de gobierno, será con el respeto y colaboración de redistribución de competencias, coordinados y dirigidos por un Estado de Derecho, dentro de una democracia participativa que cada día avanza más en sociedad.
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